El Juzgado de Instrucción N° 1 a cargo del Juez Mario Albarrán el día 19 de octubre del 2012 mediante cédula de notificación N° 44/12 le negó al Honorable Concejo de Caleta Olivia la posibilidad de ser querellante, aduciendo que, el Concejo Deliberante no es el damnificado directo, que lo que corresponde de acuerdo a su interpretación de la Ley es que quién debe constituirse en querellante es el intendente porque la figura de querellante habla del particular damnificado y el Sr. Juez entiende que la perjudicada directamente es la municipalidad de Caleta Olivia.
Pero en este caso puntual
(Esto lo digo Yo), resulta que el intendente es el imputado de haber incurrido en delitos contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA, en consecuencia es lógico que el intendente José Manuel Córdoba jamás se constituya en querellante de las dos causas que lo incriminan. Es más el intendente mientras siga en su función está facultado para entorpecer la investigación, negándose a remitir pruebas solicitadas por el Juez, como también hacer desaparecer pruebas que lo perjudiquen, ES DECIR, MIENTRAS EL INTENDENTE SIGA EN FUNCIONES, LAS POSIBILIDADES DE LLEGAR A LA VERDAD SOBRE LAS DENUNCIAS QUE LE IMPUTO "SON NULAS".
". Los sistemas legales que no reconozcan el delicado balance entre
efectividad en la búsqueda de la verdad y el respeto idealista de la legalidad
y el debido proceso no hacen más que menoscabar los derechos humanos sin
necesariamente servir a las expectativas sociales de mayor seguridad y
justicia.
Siguiendo la doctrina de los extremos de Aristóteles y Santo Tomás, se
podría decir que la imparcialidad y honestidad de un juez al evaluar la prueba
reunida es hallar el "justo medio" entre dos extremos, uno de los
cuales peca por exceso mientras que el otro, por defecto.
El exceso ocurre, por ejemplo, cuando el juez se deja llevar por
sentimientos personales o presiones de terceros poderes y procesa al sospechoso
sin reunir la prueba necesaria para revertir la presunción de inocencia. Aquí
se expresa la "soberbia" y el "capricho" del juez que
procesa a quien podría ser inocente. A su vez, el que peca por defecto es el
magistrado que se niega a condenar al acusado, sabiendo que cuenta con las
pruebas suficientes para fundar tal acto procesal. Aquí se expresa la
"cobardía" del juez que no condena a quien evidentemente es culpable.
Entonces, el justo medio de moderación consiste en asumir la condición de juez
neutral e independiente que "da a cada uno lo suyo: justicia"; ni
más, ni menos.
Si la política es el arte de lo posible, la corrupción policial o
institucional son el arte de lo imposible: no hay reacción contundente contra
los grupos mafiosos que actúan en la clandestinidad sin equilibrio y
transparencia de poderes. En otras palabras, el poder del Estado debe ser ágil
y efectivo, pero con límites claros y democráticos para todos; incluso para los
sometidos a un proceso penal.
